Presidencia de López Obrador en México: el «Año de Hidalgo», la polémica tradición política que puede complicar el inicio del gobierno de AMLO

En un evento de la reciente campaña electoral la entonces candidata a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo una peculiar solicitud:

Pidió a los empleados públicos que evitaran el “Año de Hidalgo”. Y dijo: “Que no nos dejen las oficinas vacías”.

La candidata se refería a una vieja costumbre en la vida política de México.

En el último año de los gobiernos muchos funcionarios que concluyen su cargo cometen excesos en las finanzas públicas:

Se entregan contratos de forma irregular, hay contrataciones en plazas definitivas para amigos o personas recomendadas y se autorizan incremento de salarios.

Con frecuencia –sobre todo en gobiernos locales- “desaparecen” escritorios, computadoras, automóviles o se vacían cuentas bancarias.

Sheinbaum sabe de esto. Hace tres años cuando asumió el gobierno de la delegación (municipio) Tlalpan en el sur de la capital mexicana, encontró que sus antecesores se habían llevado hasta los utensilios de los baños.

A esta costumbre se le conoce como “El Año de Hidalgo”, que se completa con la frase “chingue a su madre el que deje algo” explica el analista Alfonso Zárate, presidente de la empresa de asesoría política Grupo Consultor Interdisciplinario.

“Significa aprovéchate y no dejes nada. Pero hay otro nombre: el Año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza”, explica a BBC Mundo.

“Se refieren al último año de gobierno donde antes de irse los funcionarios se despachan con la cuchara grande”.

 

Este 2018 es el último año en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como para nueve gobernadores y 1.613 alcaldes.

En las elecciones del pasado 1 de julio se renovaron, además, el Senado con 128 escaños y la Cámara de Diputados con 500 curules.

Fue la elección más grande de la historia y según Alfonso Zárate, ya existen algunas decisiones que se enmarcan en el concepto del “Año de Hidalgo”.

La Asamblea Legislativa de Ciudad de México, por ejemplo, incluyó en su nómina definitiva a 250 personas que tenían contratos temporales.

Y hay más. Dos semanas antes de la elección presidencial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un aumento salarial a 317.000 altos funcionarios del gobierno federal.

El incremento es retroactivo al 1 de enero, es decir, a mediados de julio los beneficiados recibieron una compensación salarial equivalente a siete meses.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos (Pemex), han entregado 156 contratos distintos este año.

Casi la mitad, con un valor de 47.380 millones de pesos (unos US$2.600 millones) concluyen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Y los 500 diputados más 128 senadores que concluyen sus labores recibieron un bono de retiro, que se suma a su salario mensual.

Para los diputados fue de un millón de pesos en promedio, unos US$55.000. El bono de los senadores es de US$152.000

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