Del brutal feminicidio de Ingrid a los juzgadores bajo la lupa

De nueva cuenta un horrendo caso de feminicidio en la Ciudad de México, como el ocurrido el domingo pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero en contra de la joven Ingrid Escamilla Barbas, cuya pareja sentimental la desolló y asesinó a cuchilladas, nos hace voltear aquí a este problema y a las omisiones de las autoridades que han permitido crecer este lastre en Jalisco.

El caso de Ingrid incendió las redes sociales por la filtración de sangrientas fotografías de la escena del crimen y el video en el que el presunto agresor, Erick Francisco Robledo Rosas, un ingeniero civil de 46 años, confesó haber apuñalado hasta la muerte a la joven y haber tratado de deshacerse del cuerpo mutilándolo y tirando los restos por el excusado. Por cierto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México realiza ya investigaciones para sancionar a quien haya circulado las imágenes sobre el caso, que vulneran la dignidad de la víctima.

Pues bien, como decíamos, este nuevo caso de violencia extrema contra las mujeres nos recuerda que además de la urgencia local de corregir todas las fallas institucionales del gobierno federal, y de las autoridades estatales y municipales para implementar debidamente las alertas de género y hacer efectivas las órdenes de proteccción, en Jalisco hay dos casos de liberación de feminicidas confesos, los de Heidi Jurado y Yolanda Palomar Bonilla, que hacían ver una grave tendencia de casos de juzgadores que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, y dejando en libertad a agresores y asesinos de mujeres, factor que agrava el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres (que habrá también que decirlo es la causa primera que ha detonado el conflicto de tomas de escuelas en la Universidad Nacional Autónoma de México, por las nulas acciones para detener la creciente violencia de género por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios del país).

Por estas liberaciones, que sospechosamente se dictaron el día que iniciaban la vacaciones decembrinas del Poder Judicial, el Congreso del Estado exigió un informe al Supremo Tribunal de Justicia, desde el año pasado, para conocer a detalle las razones jurídicas de jueces y magistrados para excarcelarlos.

De este informe no se han tenido noticias, pero este lunes trascendió que la Fiscalía General del Estado reabrirá ambos casos para retomar otras líneas de investigación debido a que las pruebas que se tienen hoy en los expedientes son insuficientes, pese a que con ellas se dieron sentencias condenatorias.

Por ello, y para evitar malinterpretaciones y suspicacias, urge que tanto en el Congreso como en el Poder Judicial aclaren si esto significa que los jueces y magistrados bajo sospecha por estos casos fueron o no ya exonerados. Veremos.