Auditoría Superior detecta irregularidades en sector salud de Michoacán

a Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en Michoacán un probable daño a la Hacienda Pública federal por el orden de los 265 millones 437 mil pesos durante 2019.

De acuerdo al Informe de Resultados de la ASF, el Gobierno de Michoacán debe comprobar esta cantidad que manejó del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS).

La ASF revisó 3 mil 164 millones 354 mil 500 pesos de dicho fondo, es decir, el 88.6% del total del recurso transferido a la autoridad estatal, del cual detectó presuntas irregularidades en materia de transferencia de recursos, en los registros e información contable y presupuestal, y destino del dinero, así como en los servicios personales, entre otros, que generaron el presunto daño señalado.

A detalle, los presuntos daños a la hacienda por parte del gobierno estatal, consisten en: 119 millones 314 mil 994.27 pesos por realizar dos transferencias de recursos del FASSA a una cuenta propia concentradora de recursos estatales que serviría para la regularización de personal estatal 2019, afectando los registros presupuestarios. También, detectó irregularidad en casi un millón 523 mil pesos por realizar pagos con recursos del FASSA 2019 en vales de reconocimiento de antigüedad y vales de productividad para mil 039 trabajadores que no se encuentran en la plantilla de personal del FASS, así como de pagos posteriores a tres trabajadores que ya habían causaron baja. En lo que respecta a los pagos, también hay observaciones en 7 millones 34 mil 500 pesos por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo a personal que labora en unidades médicas catalogadas por la Secretaría de Salud como Estrato Unidad Urbano, cuando el pago debió realizarse únicamente a personal de la rama médica, rama paramédica y rama afín que laboraron en unidades médicas rurales. La ASF también presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10 millones 080 pesos por concepto de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y del cual no se acreditó el pago durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020. Es importante señalar que el gobierno de Michoacán presentó documentación para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas; sin embargo, la ASF consideró que la información y documentación proporcionada no reúne las características necesarias que aclaren o justifiquen lo observado.

 

A detalle, los presuntos daños a la hacienda por parte del gobierno estatal, consisten en: 119 millones 314 mil 994.27 pesos por realizar dos transferencias de recursos del FASSA a una cuenta propia concentradora de recursos estatales que serviría para la regularización de personal estatal 2019, afectando los registros presupuestarios.

Sin embargo, no hay evidencia de que la cuenta concentradora de recursos estatales haya realizado pagos a cuenta del FASSA 2019, ni registros contables de la obligación de pago por algún préstamo realizado.

Otra de las inconsistencias detectadas por el órgano fiscalizador es de 88 millones 771 mil 611.10 pesos por concepto de aplicación de recursos en erogaciones que no corresponden a los objetivos del FASS 2019, de acuerdo a la ASF, la cual señala una falta documentación comprobatoria y justificativa que acredite los pagos en los objetivos del fondo.

Asimismo, 34 millones 133 mil 459.45 centavos por realizar pagos por concepto de compensación a mandos medios y personal administrativo, los cuales no están contemplados en el tabulador ni en la normativa que regula los pagos, se señala.

También, detectó irregularidad en casi un millón 523 mil pesos por realizar pagos con recursos del FASSA 2019 en vales de reconocimiento de antigüedad y vales de productividad para mil 039 trabajadores que no se encuentran en la plantilla de personal del FASS, así como de pagos posteriores a tres trabajadores que ya habían causaron baja.

En lo que respecta a los pagos, también hay observaciones en 7 millones 34 mil 500 pesos por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo a personal que labora en unidades médicas catalogadas por la Secretaría de Salud como Estrato Unidad Urbano, cuando el pago debió realizarse únicamente a personal de la rama médica, rama paramédica y rama afín que laboraron en unidades médicas rurales.

La ASF también presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10 millones 080 pesos por concepto de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y del cual no se acreditó el pago durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020.

Es importante señalar que el gobierno de Michoacán presentó documentación para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas; sin embargo, la ASF consideró que la información y documentación proporcionada no reúne las características necesarias que aclaren o justifiquen lo observado.

fuente:https://www.elsoldezamora.com.mx/

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Publicado por: Redacción Citadina